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Los residentes han señalado que hay una serie de anomalías en el Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, el estudio ya cuenta con la aprobación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), por ende la empresa avanza con el proyecto. |
Aleida Samaniego C.
PANAMA AMERICA
LOS RESIDENTES de Quarry Heights y áreas aledañas se han preparado para una batalla que aún no llega. Desde hace varios meses redactaron una demanda en contra del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto del Teleférico Amador - Cerro Ancón y en contra de la concesión de terrenos en el Cerro Ancón otorgada por la Autoridad de la Región Interocéanica (ARI), pero hasta la fecha no las han presentado a la Corte Suprema de Justicia, porque no cuentan con una personería jurídica.
De acuerdo con los residentes de Quarry Heights, para interponer las demandas solo están en espera de contar con la personería jurídica o que la Defensoría del Pueblo presente la demanda, ya que la entidad los asesora. Mientras que los empresarios del proyecto señalan que los residentes no han interpuesto la demanda porque no tiene fundamento legal.
Este panorama evidencia que la construcción del teleférico en la cima del Cerro Ancón continúa siendo la manzana de la discordia entre los moradores del área y empresarios.
Los residentes han señalado una serie de anomalías en el Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, el estudio ya cuenta con la aprobación de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), por ende la empresa avanza con el proyecto. Los ambientalistas manifiestan que las autoridades y los empresarios han olvidado el análisis de riesgo por derrumbes del talud y fragmentación de la roca y la aproximación de un teleférico al área de aterrizaje del aeropuerto Marcos Gelabert.
No obstante, una posible demanda no intimida a la Empresa Inversiones Guararé conformada por los socios Alejandro Garrido, Dionisia Broce, Herman Gnaegi, Carlos Felipe Escobar y Carlos Badrutt, ya que de presentarse o no continuarán con el proyecto.
Según el presidente de la Empresa Inversiones Guararé S.A, Carlos Felipe Escobar, el proyecto se ha promocionado y dado a conocer a la opinión pública durante varios años y nadie había objetado ni participado en las reuniones de discusión del estudio de impacto ambiental.
Hasta el momento la Empresa Inversiones Guararé S.A. está realizando las modificaciones al Proyecto del Teleférico Amador - Cerro Ancón, debido a una serie de compromisos adquiridos con la ANAM y el Municipio de Panamá, que incluye la eliminación de una cafetería, así como la reducción de niveles del edificio a cuatro niveles aprovechando la tipografía del sector.
Además, el mariposario y los locales de artesanías fueron eliminados.
Escobar manifestó que se tenía planeado iniciar los trabajos de remoción de tierra en este verano, pero se han retrasado debido a las modificaciones al proyecto a las que se comprometieron.
Los empresarios reconocen que tienen que realizar nuevos estudios de suelo, pero eso no quiere decir que el área donde se construirá el teleférico no es el adecuado.
DAÑOS AMBIENTALES
Para el ambientalista y biólogo Ariel Rodríguez, la construcción de un teleférico afectará de manera directa el hábitat de las especies de animales silvestres únicos en espacios urbanos como son: venado colablanca, mono tití, perezoso de dos dedos, perezoso de tres dedos, pavas de monte, loros y pericos que andan en el área, aves rapaces migratorias que llegan por decenas en los meses de octubre y noviembre, así como sensiblemente una población de ranas dardo (Dendrobates auratus) cuya población en esta reserva biológica es muy especial y rara.
El listado dado es solo general, obviamente que allí se encuentran poblaciones de otros animales que también se verán afectados no solo el proceso de construcción, sino también en el de operación del proyecto que sería de varias décadas.
En cuanto a flora, se afectará parcialmente los bosques que datan del inicio de la república y muchas otras plantas de interés especial.
Rodríguez señaló que es inaudito que la ANAM apruebe un estudio en una área protegida oficial y en donde de acuerdo con la Ley 21 de Uso de Suelos de las Áreas Revertidas es un área verde urbana no desarrollable y por tanto nunca se debió permitir este tipo de proyectos en el área. La Resolución de Impacto Ambiental aprobada avala la violación a la ley, por tanto es ilegal.
ANTECEDENTES
El proyecto del teleférico en el Cerro Ancón ha estado en el ambiente desde el gobierno de Guillermo Endara, es decir hace más de 10 años en el tapete sin concretarse durante los tres gobiernos que han pasado. Pero las intenciones de realizarlo han estado allí, ya que en 1998 la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) creó el perfil del teleférico a través de un contrato con una empresa canadiense y se realizó una evaluación ecológica del mirador del Cerro Ancón.
Desde entonces la ARI bajo la administración de Nicolás Ardito Barletta y el gobierno de Ernesto Pérez Balladares ha estado hablando de un teleférico desde el Cerro Ancón al área de Amador.
Luego en el 2001 durante la administración de Mireya Moscoso la Empresa Inversiones Guararé S.A, solicitó el contrato de concesión, pasaron tres años para lograr la firma del contrato y en junio del 2004 presentaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y septiembre las ampliaciones del estudio que surgieron de las discusiones.
El 8 de junio de 2004, el Consejo Económico Nacional (CENA) dio concepto favorable al proyecto de construcción del teleférico desde la Calzada de Amador hasta el Ancón, por un valor de B/. 1, 198, 067.
La aprobación del CENA involucra, además del teleférico, la construcción de un restaurante, cafetería, mirador y venta de artesanías. En la actualidad, el estudio de impacto ambiental del proyecto es analizado por la ANAM.
MAS DATOS
Panamá América conoció que la Empresa Inversiones Guararé S.A va a tener alrededor de 500 metros para una estación de llegada del teleférico y unos 300 metros para tiendas de artesanías y cafetería.
La inversión en el Cerro Ancón estará alrededor de un millón de dólares .
El proyecto no solo tiene componente privado sino gubernamental, ya que el Estado va regular la actividad del teleférico a través del contrato de concesión y la empresa tiene que pagar un cannon de arrendamiento fijo de alrededor B/. 150, 000.00.
