Cerro Ancón, parque público
 | No hay nada más contaminante y depredador que un turismo no planificado y en manos incompetentes. |
Laura Candanedo
 ARQUITECTA
SOBRE ESTE tema, es importante conocer primero los siguientes hechos: 1. Ley No 21, 2 de julio de 1997, por la cual se aprueban el Plan Regional para el Desarrollo de la Región Interoceánica y el Plan General de Uso, Conservación y Desarrollo del Area del Canal. 2. Forma parte de la Ley 21 el Mapa 5, Plan General de Uso de Suelo donde se establece, claramente, cerro Ancón y cerro Nuevo Chorrillo como "áreas verdes urbanas". 3. Se reglamenta por normas especiales para mantener el carácter de Ciudad Jardín en la Región Interoceánica, página 30, acápite b. 20, que dice: "Las áreas verdes urbanas deben estar libres al uso y disfrute del público en general. Las mismas deben contar con facilidad de accesos vehiculares y peatonales. Ningún polígono, manzana o lote bajo la categoría de Area Verde Urbana y Recreación puede ser vendido, concesionado o alquilado. Son bienes públicos de libre acceso que constituyen un patrimonio de la comunidad o comunidades beneficiadas". Este plan de Uso de Suelo costó dinero a los contribuyentes y fue realizado por planificadores urbanos y regionales que sí conocen sobre estos temas. 6. En el año 2003, la Junta Directiva de la ARI, actuando fuera de la ley una vez más, decide conceder cuatro lotes en la cima del cerro Ancón. 7. En marzo de 2004 se firma contrato de concesión con Inversiones Guararé Teleférico S.A., por esos cuatro lotes. 8. En noviembre de 2004, ocho meses después, posterior a la firma de la concesión: la ARI solicita al MIVI "asignación de uso de suelo" Pru, de un area, Cerro Ancon, que ya tiene asignado su uso. Pru no es una categoría de uso de suelo, es un código dentro de la Categoría Area Verde Urbana, por lo tanto, también de uso público. El MIVI, actuando en forma absolutamente incompetente e ilegal, por considerar semejante solicitud, agrega el permiso a turismo recreativo, que ni siquiera aparece descrito en las normas que son ley de la República. 9. Esta solicitud ilegal la hizo en nombre de la ARI una ingeniera industrial, de alimentos. Sólo los arquitectos pueden hacer solicitudes de uso de suelo y cambios de zonificación al MIVI. Aspecto que tiene que ser de conocimiento de los funcionarios de esa institución. No es necesario seguir en mayores consideraciones. Es una concesión ilegal. Lo actuado por la ARI, el MIVI y la ANAM es delito obvio y todos los involucrados tienen que ser juzgados y castigados. Los promotores de cualquier proyecto que lesione los intereses del Estado tampoco deben estar exentos de investigación y de ser juzgados. Ninguna inversión millonaria y no millonaria se hace sin la debida investigación. Es función de la administración del Estado velar por el cumplimiento a la ley y es inaceptable que promueva su incumplimiento y, por lo tanto, la corrupción, como es tan obvio en este caso. La corrupción, cuyo alimento es precisamente la violación a la ley, jamás creará empleos permanentes ni un desarrollo sostenido. Promover como progreso y creación de empleos edificaciones ilegales, aisladas e improvisadas, que no obedecen a una verdadera planificación integral de la ciudad, que tome en cuenta todos los aspectos de infraestructura, el bienestar de habitantes de la ciudad y otros, es un concepto muy primitivo de desarrollo que sólo conduce a la inestabilidad y al caos. Los actuales administradores temporales de nuestro país están mostrando una falta de escrúpulos y codicia sin precedentes, ya que no dudan en violar la Constitución y los derechos de los ocupantes de islas, costas, ante la privatización de bosques, manglares y parques, con el argumento de la creación de empleos y desarrollo turístico; pero con el único objetivo del enriquecimiento de algunos a costa de los recursos que nos pertenecen a todos. No hay nada más contaminante y depredador que un turismo no planificado y en manos incompetentes. Señor Presidente y señores diputados, no sigan jugando con fuego. Hemos establecido, a través de las elecciones, un contrato. Ustedes juraron cumplir con la Constitución y las leyes. Nosotros, los votantes, aceptamos respetar los resultados de esa elección; pero ni somos siervos, ni ustedes son señores feudales. Exigimos el respeto a la ley y a nuestros recursos. Si una de las partes no cumple, ¿tiene la otra que cumplir? Piénsenlo bien. El cerro Ancón es el símbolo de lucha por la soberanía sobre nuestro territorio, que costó la vida a panameños. ¿Tendremos ahora que defenderlo de ocupantes inescrupulosos de nuestro propio país? | 
